La historia de la banca
en El Salvador se inicia en 1880 con la constitución del primer banco con
facultad de emisión de billetes pagaderos al portador. En sus inicios, la banca
no estuvo regulada y no fue sino hasta 1898 que se promulgó la primera Ley de Bancos
de Emisión. En 1934 se creó el Banco Central de Reserva como una sociedad
anónima con participación de los bancos existentes y como única institución
facultada para emitir billetes.
En el año 1961 se
promulgó la Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, que convirtió al
Banco Central de Reserva (BCR) en una entidad de carácter público y constituyó
la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), adscrita al Banco Central de
Reserva, a fin de encargarse de las actividades de supervisión y regulación del
sistema. En 1973 se creó la Junta Monetaria, con el objetivo de dar
cumplimiento al mandato constitucional contenido en el art. 1431 de la
Constitución Política de 1950 y dotar al Estado de un organismo eficaz para
orientar la política monetaria en función del desarrollo económico.
La banca en El Salvador
fue nacionalizada en 1980 con objeto de contribuir a una mejor distribución del
ingreso y permaneció así durante 10 años. Esta época legó al país un sistema
financiero desorganizado y con problemas de solvencia. La banca retornó a manos
privadas por medio del Programa de Fortalecimiento y Privatización del Sistema
Financiero impulsado por el gobierno en 1990. Con el fin de rescatar y
fortalecer la banca, dicho programa inició un proceso de saneamiento, con lo
cual logró mayores niveles de eficiencia y competitividad.
En 1990 cobraron forma
varias iniciativas legales, entre las que destacan la Ley de Casas de Cambio,
de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo,
de Privatización de Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo y la Ley
Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero. Las últimas dos son de
especial importancia, ya que dieron fundamento legal a los procesos de
privatización de la banca y robustecieron la supervisión y regulación de las
instituciones financieras.
Para que el proceso de
privatización fuera exitoso hubo que desarrollar una serie de etapas para
sanear la cartera morosa de créditos de la banca. Al respecto, brinda un
panorama de la situación de la banca a fines de 1989, y establece que en esos
momentos las instituciones bancarias exhibían un patrimonio negativo de
aproximadamente 2.212 millones de colones (252,8 millones de dólares),
representando la mora crediticia de los bancos, las financieras y las
instituciones oficiales de crédito 37,4% de la cartera total de préstamos. La
reestructuración del sistema se inicia con la creación y aplicación de la Ley
de Saneamiento,2 que mediante el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento
Financiero (Fosaffi) procedió al saneamiento y fortalecimiento de los bancos
comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, elegidas por el Banco Central
de Reserva de El Salvador de entre las instituciones financieras cuyas acciones
fueron expropiadas por medio de la Ley de Nacionalización de las Instituciones
de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
El proceso de saneamiento
y fortalecimiento incluyó (Orellana, 1990) la reestructuración de las juntas
directivas de las instituciones bancarias y de ahorro y préstamo, la evaluación
de la cartera de crédito, la constitución de las reservas de saneamiento, el
saneamiento y restitución del patrimonio vía la compra por parte del BCR, a
través del Fosaffi, de los activos de los bancos comerciales, incluyendo la
cartera morosa de créditos y su posterior venta a inversionistas privados.
Uno de los
acontecimientos más impactantes en el desarrollo del sistema financiero se
produjo el 1 de enero del año 2001, al entrar en vigencia la Ley de Integración
Monetaria. La ley implantó el uso del dólar americano como moneda de curso
legal y estipuló que todas las operaciones bancarias y financieras se
denominaran en dicha moneda. Redefinió también las funciones del Banco Central
de Reserva al perder éste la facultad de emitir colones y, por tanto, de
formular la política monetaria.
Sabias que?
El sistema financiero
salvadoreño está regido por cuatro grandes instituciones: la Superintendencia
del Sistema Financiero, la cual se encarga de supervisar y regular las
actividades de la banca comercial, las sociedades de seguros, los almacenes de
depósito, casas de cambio y otros relacionados con las actividades financieras;
la Superintendencia de Valores, cuya misión es supervisar las
actividades del mercado de valores; la Superintendencia de Pensiones,
destinada a regular a las Administradoras de Fondos de Pensiones, y el
Banco Central de Reserva, cuya tarea es promover y mantener la
estabilidad monetaria y desarrollar un sistema financiero eficiente y
competitivo.
Sabias que?
El banco con el mayor
capital social es el Banco Agrícola; los bancos Cuscatlán y salvadoreño ocupan
el segundo y tercer lugares en el ranking por tamaño. La banca internacional ha
estado presente en el sistema financiero nacional desde 1964 por medio de
Citibank N. A., y a partir de agosto de 1999 se integró el First Commercial
Bank. Ambos son sucursales de bancos radicados en el extranjero, Estados Unidos
y la provincia china de Taiwán, respectivamente. Los dos bancos comerciales de
propiedad pública son el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Banco
Hipotecario, de los cuales el Estado salvadoreño es dueño de más de 50% de las
acciones. El BFA es una institución oficial autónoma, y en el caso del Banco
Hipotecario, el Estado mantiene una participación accionaria de 94%. La banca
pública en El Salvador no ha estado exenta de problemas; un ejemplo de ello es
lo sucedido con el BFA, que en 2002 fue escenario de uno de los fraudes más
importantes del sistema financiero, debido al cual sufrió la pérdida de
aproximadamente 24,8 millones de colones (2.84 millones de dólares). Otro
aspecto negativo que ha afectado a la banca pública ha sido la mala calidad de
la cartera crediticia. A fines de 2002 el Banco Hipotecario presentaba un
índice de morosidad de 9,3% y el de Fomento Agropecuario, de 28,6%
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